Al Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba.
A las Autoridades y Presidentes de los Bloques Parlamentarios de la Legislatura Unicameral de Córdoba.
A la Opinión Pública y la Comunidad de la Salud:
Nos dirigimos a usted, Señor Gobernador, y a los representantes de las distintas fuerzas políticas que integran la Legislatura Provincial, con el propósito de acercarles una problemática crítica de profunda gravedad económica y social que atraviesan los profesionales psicólogos y de la salud en general de nuestra provincia, en relación con la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba (Ley 8.577).
- La realidad del ejercicio independiente de la psicología:
Como es de público conocimiento, los profesionales independientes de la salud no contamos con estabilidad salarial, licencias pagas, aguinaldo ni cobertura frente a contingencias. Nuestros ingresos derivan exclusivamente de la atención diaria a nuestros pacientes y de nuestras consultas profesionales.
En este marco, el elevado monto de la cuota previsional obligatoria (basada en una escala que no contempla los ingresos reales), sumada a las cuotas de los planes de pago vigentes, se han transformado en un compromiso económico extremadamente gravoso que redunda en la acumulación involuntaria de deudas ante la Caja. Hoy nos encontramos ante una encrucijada angustiante: la superposición de aportes corrientes con deudas acumuladas, que al momento de suscribir planes de pago suponen la carga de intereses de financiación que aumentan aún más la morosidad. Todo ello es agravado por una política intensiva de intimaciones, intimaciones extra-judiciales y judiciales con el consecuente riesgo y ejecución de bienes o embargos salariales a los colegas. Esta presión constante coloca a los profesionales en situaciones de severo estrés e incertidumbre, afectando directamente a quienes tenemos la responsabilidad humana de cuidar la salud mental de la comunidad.
Resulta importante agregar que lo que podría ser un sistema previsional solidario termina ahogando el ejercicio profesional y volviendo abstracta la posibilidad de acceder al derecho previsional a la jubilación al momento de retirarse de la vida laboral para gran parte de colegas de la psicología.
- El diálogo institucional y la paradoja normativa
Frente a esta coyuntura acuciante, desde el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba hemos acudido a las autoridades de la Caja de Previsión para solicitar soluciones razonables:
-el cese de intimaciones y la suspensión de ejecuciones.
-el establecimiento de una moratoria que permita a los profesionales afectados regularizar su situación de aportes y acceder a la jubilación.
-una modificación en la escala de aportes para que los mismos sean proporcionales a los ingresos reales de los profesionales.
Cómo en anteriores oportunidades, la respuesta de las autoridades de la Caja ha sido negativa, expresando su voluntad de seguir adelante con la política de intimaciones masivas y argumentando que el marco legal de la Ley Provincial 8.577 no les permite otorgar moratorias o hacer modificaciones en la escala de aportes, bajo la premisa de que flexibilizar las condiciones «desfinanciaría el sistema previsional».
Deseamos compartir con ustedes, Señor Gobernador y señores Legisladores, el análisis de este argumento, el cual encierra una profunda paradoja financiera:
Pretender cobrar aportes desproporcionados, e intereses de financiación a quienes expresan voluntad de pago a través de la suscripción a planes de pago lejos de facilitar el acceso al sistema previsional, por el contrario, los empuja a la morosidad definitiva.
Una cartera de deudores incobrables desfinancia la Caja de manera irreversible.
En cambio, establecer aportes proporcionales y permitir un esquema de regularización realista, con cuotas acordes a la capacidad de pago y sin intereses confiscatorios, garantizaría el ingreso inmediato y sostenido de recursos al sistema, protegiendo la sustentabilidad de la Caja.
- La necesidad de una intervención política e institucional
Dado que la conducción de la Caja de Previsión señala que sus manos están atadas por los límites de la Ley Provincial 8.577, resulta evidente que la solución excede el ámbito de una mesa técnica sectorial y requiere de la sensibilidad, el compromiso y la iniciativa política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo provincial.
Si el obstáculo es la ley, son los poderes del Estado constitucionalmente facultados los llamados a intervenir para adecuar la normativa a la realidad social de sus ciudadanos.
Confiamos plenamente en que los presidentes y referentes de los distintos bloques parlamentarios sabrán dejar de lado cualquier diferencia política para colaborar en favor de una respuesta urgente y consensuada.
Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosa pero firmemente:
- La mediación urgente del Gobierno Provincial para establecer una mesa de trabajo multipartidaria e interinstitucional entre el Ejecutivo, la Legislatura, la Caja de Previsión y los Colegios Profesionales de la Salud.2. La suspensión inmediata de intimaciones y acciones judiciales y la sanción de una moratoria excepcional para regularización de deudas.
- El impulso de un proyecto de ley de emergencia previsional o modificación de la Ley 8.577 que faculte a la Caja a modificar su escala de aportes, otorgar moratorias y establecer planes de regularización acordes a la capacidad contributiva real del sector.
En la certeza de que sabrán ponderar la dimensión de lo expuesto, expresamos que estamos urgidos de que a la brevedad se pueda consensuar una moratoria en este escenario que es justo calificar como de emergencia en aportes previsionales. Quedamos a su entera disposición para ponernos a trabajar de manera inmediata en las soluciones institucionales que nuestra comunidad requiere.
Atentamente,
Junta Ejecutiva del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba
Ver solicitada publicada en La Voz del Interior aquí.