Un 26 de junio entró en vigor la Convención contra la Tortura, un instrumento jurídico clave que establece que esta práctica es un delito absoluto.
Hoy, la defensa de la dignidad humana nos convoca a un compromiso ético irrenunciable: subrayar la importancia del acompañamiento, la memoria y la exigencia de justicia por quienes han padecido los efectos de la violencia estatal e institucional.
El impacto en las subjetividades es contundente. Como profesionales de la salud mental, sabemos que la crueldad no solo busca dañar el cuerpo, sino quebrar la identidad y anular la voluntad de las personas. Los efectos de estas prácticas trascienden a la víctima directa; alteran el entorno familiar, fracturan los lazos sociales y degradan la vida democrática.
Nuestra responsabilidad institucional es acompañar los procesos de reparación integral y exigir el cumplimiento de las leyes y tratados que garantizan una vida sin practicas crueles. En el caso de nuestra provincia es imperiosa la creación de un comité local contra la tortura. Alzar la voz frente a los abusos de poder es una tarea fundamental para resguardar un Estado de derecho que garantice la vida, en plena concordancia con la implementación de políticas con perspectiva de derechos humanos. Frente a los intentos de deshumanización, la respuesta debe ser siempre la palabra, la escucha comprometida, la construcción de espacios de salud y cuidado, y la denuncia firme y sostenida frente a cada situación de violencia.
