El pasado viernes, una joven de 27 años falleció en el Hospital Neuropsiquiátrico, esposada a una cama. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares por tan terrible situación. A pesar de los esfuerzos y el compromiso de lxs trabajadores, nos hallamos ante otra muerte de una persona con padecimiento subjetivo en situación de internación.
Como venimos sosteniendo públicamente, la Secretaría de Salud Mental continúa incumpliendo las leyes de Salud Mental Nacional y Provincial. El cierre intempestivo del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) en 2022, no fue acompañado por la creación de dispositivos sustitutivos para abordar la complejidad de la situación de personas con consumos problemáticos. El hospital Neuropsiquiátrico se vio recargado de internaciones, sin que aumentaran suficientemente los recursos humanos y materiales para hacer frente a esta realidad. Los dispositivos sustitutivos siguen siendo muy escasos, cuando no inexistentes. Los servicios de atención comunitaria en salud mental a nivel provincial se han visto gravemente reducidos, mientras que, a nivel municipal, no sólo no se amplían, sino que en los últimos meses se viene intentando tercerizar la asistencia clínica psicológica.
Por otra parte, continúa la división entre una Secretaría de Salud Mental y una Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, desconociendo los preceptos de las leyes que consideran las adicciones como una de las problemáticas de salud mental. Así las cosas, lejos están los organismos del Estado de abordar la problemática con la complejidad que requiere.
En diciembre de 2022, un fallo de la jueza de 1ra instancia, María Celeste Ferreyra, sobreseyó a una persona con padecimiento subjetivo que había ocasionado daños menores sobre un vehículo. En su resolución, encomienda a la Secretaría de Salud Mental “…que de curso a procesos participativos de control y toma de decisión de políticas públicas; a impulsar reformas de los marcos institucionales y rediscutir su orientación. Asimismo, a que desde aquella órbita se fortalezcan todos los niveles de atención, con estrategias de mayores recursos humanos y claras políticas de trabajo de prevención y promoción que promuevan la salud mental…” No encontramos indicios sobre que estos preceptos estén cumpliéndose.
La sostenida falta de implementación de las leyes de Salud Mental, denunciada desde nuestro Colegio y desde diversas instituciones preocupadas por la salud mental de la población, tiene como contracara la vulneración de derechos de quienes presentan padecimiento subjetivo. Más de 12 años han pasado desde su sanción. En ese tiempo, no se han creado los dispositivos sustitutivos necesarios, se ha incorporado escaso personal, en su mayoría precarizado, sin reemplazar a quienes se retiran por jubilación. En los antiguos hospitales monovalentes del interior, el personal se ve sobrecargado, realizando múltiples tareas en diferentes espacios de trabajo. El Consejo Consultivo previsto por la Ley, conformado por distintas instituciones no estatales, además de los Ministerios correspondientes, no ha sido convocado en años. No se está trabajando sobre la creación de un órgano de revisión local, que permitiría un seguimiento externo sobre la implementación de la ley.
El escaso presupuesto del 5% destinado actualmente a la salud mental, sobre el total de presupuesto de salud, muy lejano al 10% recomendado por organismos internacionales, es una muestra más de la vulnerabilidad a la que las personas con padecimiento subjetivo quedan expuestas.
La muerte trágica de una joven no puede atribuirse a fallas de trabajadores comprometidxs. Es hora de que los organismos públicos cumplan genuinamente con lo que las leyes disponen. Los derechos de las personas con padecimiento subjetivo deben ser prioritarios para el Estado.
