Repensar las prácticas institucionales en clave de Derechos Humanos.
La Mesa de Psicología y Derechos Humanos y la Sub-Mesa sobre el Abordajes de las Violencias del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba se proponen a través de este texto visibilizar los hechos que vienen ocurriendo en la Provincia de Córdoba, que implican una violación de los derechos humanos, específicamente nos referiremos a la violencia institucional.
Partimos de manifestar que nuestra mirada es desde el Enfoque de Derechos Humanos, por ende, de Salud Mental.
La violencia institucional en un primer acercamiento podemos definirla como una categoría que agrupa problemáticas referidas a la violencia estatal policial y penitenciaria, pero esa categoría ha sufrido ampliaciones con respecto a los hechos que abarca, incorporando una diversidad de problemáticas. Actualmente la violencia institucional hace referencia a un amplio conjunto de situaciones que, ejercidas desde instituciones públicas por medio de sus funcionarios/as, tienen como consecuencia la vulneración y violación de derechos de las personas. Las formas más graves que adoptan estas prácticas en la actualidad refieren a graves violaciones a los derechos humanos, abusos e ilegalidades que van desde detenciones arbitrarias, torturas y hasta asesinatos bajo el denominado “gatillo fácil”, que es cuando la fuerza policial utiliza los elementos que le brinda el estado para asesinar y fusilar.
Se trata de prácticas que se desarrollan de forma sistemática y estructural (como acciones y omisiones) y tienen como resultado retardar, obstaculizar o impedir el acceso y garantía a los derechos humanos.
Esta forma de violencia institucional implica en la mayoría de las veces otros tipos de violencia como:
• Violencia Física
• Violencia Psicológica
• Violencia Simbólica
En la Provincia de Córdoba el asesinato de Valentino Blas Correa renovó los cuestionamientos sobre la Policía de Córdoba y la violación de los DDHH por parte de la misma y puso nuevamente en la agenda de los medios la violencia institucional. Otras irregularidades se han registrado en cuanto a la conducta policial: los allanamientos violentos, como el recientemente llevado a cabo en un comedor de Villa La Lonja que incluyo represión policiala las mujeres que trabajan allí.
Sumado a los miles de hechos que no son difundidos por ciertos medios hegemónicos de comunicación.
La violencia institucional que ejerce la policía de Córdoba no es algo nuevo, así lo visualiza el movimiento social que lleva a cabo, desde hace 13 años, “la Marcha de la Gorra”, que tiene como principal objetivo denunciar el hostigamiento policial y las detenciones arbitrarias.
Como profesionales comprometidos con la salud integral y los derechos humanos y como actores sociales, debemos expresar el rechazo y repudio al accionar de la Policía de Córdoba, la cual no se condice con el objetivo de su rol como funcionarios del Estado, ya que a través de sus comportamientos dan cuenta del no respeto por las normas jurídicas, las cuales deberían ser la base de su proceder, pero por sobre todo, el cuidado de las y los ciudadanos, es decir, el respeto por la vida y por la seguridad, ejerciendo así el uso y no el abuso de su función y de la fuerza.
las instituciones deben transformar su estructura autoritaria, verticalista, opresiva, encubridora, violenta, delictiva y deshumanizante y deben incorporar la perspectiva de Derechos Humanos, de tal manera que atraviese a todos aquellos que la integran.
Este tipo de violencia daña los derechos de todos y todas, pero en particular de los grupos más vulnerados: como las y los pobres, las y los jóvenes, las mujeres, los movimientos LGBTTINBQ+, etc.
Es por esto que es necesario repensar cada una de las prácticas institucionales en clave de derechos humanos, reconociendo a las personas como sujetos de derechos
En relación a ésta violencia se reconocen los siguientes derechos:
-Derecho a la vida
-Derecho a la libre expresión
-Derecho a la participación
-Derecho a manifestar
-Derecho a la integridad física
-Derecho al acceso a la justicia
-Derecho a un juicio justo
-Derecho a no ser sometida/o a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes
-Derecho a la no discriminación en cualquiera de sus formas
-Derecho a un estándar adecuado de vida.
El Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos, es por ello que cuando una/o funcionaria o funcionario público incumple sus obligaciones o abusa del poder que le fue conferido –negando derechos o dejando de hacer lo necesario para garantizarlos– nos encontramos frente a una violación de derechos humanos.
También es importante poder reflexionar sobre la construcción social que los medios han permitido ver sobre las víctimas de estos hechos, algunas de estas construcciones favorecen la difusión de imaginarios y estereotipos que avalan y legitiman la violencia contra aquellas personas que son conceptualizadas como “el Otro”, justificando lo sucedido. Resulta necesario enfatizar una concepción de comunidad no homogénea, donde las diferencias no sean presentadas como ‘elementos extraños’ que requieren ser ‘segregados’, ‘expulsados’, ‘valorados’ y/o ‘preservados’ sino como la estructura constitutiva de lo Comunitario.
Como profesionales de la Salud Mental remarcamos la importancia de que el Estado y sus gobiernos cumplan sus funciones de garante de los Derechos Humanos, como sostén de la Salud Pública, por ello consideramos necesario y urgente fortalecer los vínculos entre el Estado, representado por los y las funcionarios/as públicos/as, y la ciudadanía, es imprescindible para ello trabajar en las representaciones que se manejan en lo cotidiano acerca de la violencia, para desnaturalizar y deconstruir prácticas, reforzar los lazos sociales, la confianza en el otro y en las instituciones, recuperar la palabra de las víctimas de estas graves violaciones a los Derechos Humanos, profundizar el acompañamiento en la búsqueda de justicia como acto reparador. Articular las redes institucionales entre las distintas instancias por la que atraviesan las víctimas y formación a los y las agentes de la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario en perspectiva de Derechos Humanos; fortalecer la participación social, y considerar siempre a la población como sujetos de derechos, pero principalmente llevando todo esto a la práctica efectiva, como límite a la violencia institucional.
Córdoba, octubre 2020
Mesa de Psicología y Derechos Humanos y la Sub-Mesa sobre el Abordajes de las Violencias del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba
