En la misma, queda en evidencia la abierta legitimación de las prácticas de gatillo fácil -ya existentes, que de aprobarse la ley quedarán amparadas constitucionalmente – y la imposibilidad de las víctimas a pedir justicia. En su artículo 344 el proyecto de ley dispone que “Quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren». Es por ello que nos preguntamos ¿a quienes pretende defender y a quien deja sin defensa dicha modificación?.
Creemos que legitimar estas prácticas corrompe la potencia de actuar ante lo injusto, como lo es la muerte de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad.
El sesgo antidemocrático se agudiza con la crueldad manifiesta que supone la impunidad planificada y que otorgaría la legitimidad a ciertos sujetos para usar la fuerza física y matar sin recibir ningún tipo de condena por ello.
La violencia letal-policial es irreparable. El único camino o avance posible se ha desarrollado mediante la incansable insistencia y lucha colectiva de familiares ante una justicia de tiempos extensos, que en el mejor de los casos llegan a juicio condenando a los responsables.
Es vital defender el derecho de todxs lxs ciudadnxs a reclamar y defenderse ante la posible crueldad e impunidad del Estado. Caso contrario, estaríamos frente a un totalitarismo inadmisible.
Instamos a la defensa de nuestros derechos y a la construcción de una ética del vivir común.