Nota del Economista Eduardo L. González Olguin

La denuncia del pacto fiscal de 1992 para recuperar el 15% que las provincias ceden a la Nación de la coparticipación encuentra su fundamento en el hecho de que esta medida tenía su razón de ser en el hecho que la creación del subsistema de capitalización para las jubilaciones privaba a la nación de los aportes personales que quienes habían optado por esta alternativa, con lo cual se generaba un déficit al provocar una importante disminución de los recursos mientras se continuaban pagando jubilaciones.

Con la estatización de las AFJP la nación recupera los aportes que iban a estas y por lo tanto la razón de esta cesión del 15% desaparece.
Córdoba recibió un aporte de la nación debido a que es una las provincias que no transfirió su caja de jubilaciones a esta jurisdicción, las que si lo habían hecho dejaron de tener este problema, a su vez también se agregaba el tema que en la década del noventa se habían transferido a las provincias los servicios nacionales de salud y educación por lo que sus agentes podían jubilarse en la jurisdicción provincial, con lo que se aumentaban las erogaciones previsionales.
Este es el argumento resumido que esgrime el gobierno de Córdoba para denunciar este pacto.
No hay que olvidar que en los sucesivos convenios que se firmaron por este tema siempre estuvieron presente dos cuestiones: la idea de armonizar los sistemas tomando el nacional como referencia y que los mayores gastos en el que incurrieran las provincias producto de sus sistemas particulares corrían por cuenta de estas
Pero la realidad es más compleja, el tema de las jubilaciones se encuentra dentro de uno mayor que es el financiamiento del gasto público, tanto a nivel nacional como provincial, y esto lleva a analizar tanto el sistema federal como los provinciales.
En el sistema fedral se encuentra la coparticipación que es un verdadero laberinto producto de largos años de reformas y retoques de la más variada índoles que ha sido bien graficado por el Dr. Aníbal Bertea especialista en la materia del Consejo Federal de Inversiones (cuadro que adjunto).
Por esta razón este sistema se ha convertido en un verdadero castillo de naipes, y por lo tanto tocarlo significa provocar un desfinanciamiento a nivel nacional que terminaría afectando a todas las provincias.
No hay que olvidar que este es un sistema federal que requiere de la voluntad de la nación y las provincias, por lo que la solución parcial que han comenzado algunas provincias es muy peligrosa, ya que en ese laberinto de la coparticipación también, entre otras cosas, se ceden porcentajes de IVA, ganancias, a los combustibles, entre otros, con destino al ANSES y antes de ingresar a la masa coparticipable, esto quiere decir que existe también la posibilidad de reclamar esto, lo que podría terminar causando un gravísimo problema a nivel de todo el país.
La opinión de la mayoría de los especialistas en la materia, que abarcan tanto opiniones ortodoxas como heterodoxas en materia económica, que comparto, es que es necesario replantear un nuevo sistema de coparticipación federal, desaconsejando una política del “sálvese quien pueda” por parte de las provincias.
Pero también hay que mirar el sistema impositivo provincial que desde la mirada nacional adolece de un problema: es altamente regresivo (el esfuerzo tributario recae sobre los sectores populares) y esto es una de las causas del ahogo financiero de la provincia de Córdoba. Este es un dato relevante cuando los sistemas jubilatorios necesitan del aporte de los impuestos para financiar sus déficit, como es el caso de Córdoba.
En resumen, desde una mirada abarcativa de la situación fiscal en la que está inmerso el problema previsional no es aconsejable la alternativa planteada por Córdoba.