Carmen Andrea Aguirre tenía 38 años. Matías Aragone, el femicida, tenía 45 años. Ambos tenían 2 hijas, una de 9 y otra de 11. Él decidió arrebatarle la vida. Producto del enfrentamiento con la policía él también muere. Hoy las niñas quedan desamparadas. Había denuncias previas de violencia de género del 2019 que prescribieron. Luego del trágico desenlace nos preguntamos sobre lo que no se hizo y tal vez hubiese modificado el curso de las cosas. “Ya no matan por que las consideran suyas, matan porque quieren y pueden” dice la psicoanalista Irene Fridman. Cuando hay impunidad, no hay ley, ni pacto social, ni derechos.
Córdoba es de las provincias cuyas cifras de femicidios y denuncias de violencia de género están desde hace años entre las primeras. Para tremenda problemática, no hay política que alcance. La creación de leyes e instancias de abordaje de las violencias parecen no dar a basto o ser insuficientes. Cada femicidio es la muestra de un Estado que llega tarde y puede muy poco. No obstante ello, queda claro que sin políticas públicas es un sálvese quien pueda.
Desde el Observatorio de Géneros, Diversidades y Disidencias del Colegio de Psicólogos sostenemos que el achicamiento de la política pública, con presupuestos que no son acordes a la magnitud de la problemática y con recursos humanos precarizados, seguiremos siendo testigos de las violencias.
Exigimos políticas públicas específicas que aborden las violencias y esto no puede ser a costa de profesionales precarizadas. Además es necesaria la implementación de políticas transversales como la ESI que puedan incidir en un cambio cultural.
Ni una menos, Vivas y Libres Nos Queremos.
