Como Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba Ley 8312, nos dirigimos ustedes con la convicción de que las elecciones del 22 de octubre de 2023 son un acto político democrático decisivo para la vida de la ciudadanía.
Nuestra responsabilidad, preocupación y ocupación como profesionales de la salud mental nos mueve a interesarnos particularmente en este momento histórico nacional, por considerarlo crucial para las definiciones futuras que incidan en el devenir del acceso a la salud mental de nuestra población.
Como organización profesional entendemos que no hay justicia social sin salud mental para todxs. Recordamos que la Ley 26.657 de salud mental en su Artículo 1° establece que “…tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional…”
Nos asiste la convicción que los derechos humanos no son un “negocio”; lejos de ser un bien de intercambio comercial, constituyen la garantía de una vida digna para la población. Por eso destacamos la importancia del Artículo 3° de la mencionada Ley, en el cual “…se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.
Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas.
En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de:
a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso;
b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona;
c) Elección o identidad sexual;
d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización».
Por eso, partiendo de la suposición de que quien esté a cargo del Poder Ejecutivo debería gestionar velando por el cumplimiento de estos principios, les preguntamos y les solicitamos, asistiéndonos el derecho a conocer con anterioridad a emitir el voto, cuáles serán las acciones y posicionamientos políticos en salud mental, que las fuerzas políticas que Uds. lideran proponen en caso de acceder a ocupar cargos en el ejecutivo y el legislativo nacional.
Algunos de los interrogantes que nos gustaría conocer a partir de sus propuestas y compromisos políticos son:
- ¿Cuál sería su posicionamiento respecto a la necesidad de ampliación de residencias y recursos humanos no precarizados en los diferentes niveles de intervención en salud mental?
- ¿Qué porcentaje del Presupuesto destinado a Salud se compromete a asignar a Salud Mental?
- ¿Cuál es su posicionamiento en relación a la perspectiva de género?
- ¿Abordará los consumos problemáticos de sustancias como un problema de salud y no de seguridad?
- Entendiendo la salud mental en un sentido amplio: ¿Es su intención fomentar a través de las políticas públicas condiciones sociales necesarias para la salud mental de las comunidades con una perspectiva de derechos y valores democráticos de no violencia, inclusión y solidaridad?
- ¿Qué medidas adoptará para garantizar el pleno ejercicio de la Ley Nacional de salud mental?
Esperamos contar con sus respuestas para hacer efectivo el derecho a la información, que es un requisito fundamental para el ejercicio del derecho a la decisión electoral informada.
Córdoba, 29 de septiembre de 2023.
Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
