Desde el Observatorio de Géneros, Diversidades y Disidencias recordamos el 28 de septiembre “Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible” como una fecha central en la lucha por los derechos de las mujeres. Este fue establecido en 1990, en el marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, llevado a cabo en Argentina, en donde se aprobó, a través de la Declaración de San Bernardo. La propuesta de la fecha fue realizada por la delegación brasileña, con el objetivo de poder rescatar esa fecha, pero de 1888, cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todas las hijas e hijos nacidos de mujeres esclavas.
Luego de 40 años de intensos debates, en un comienzo reducidos a los feminismos militantes y/o académicos pero que luego se fueron instalando en los debates sociales, y con más de 15 proyectos presentados en el Congreso de la ación, el 30 de diciembre de 2020 se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) Nro. 27.610, promulgada finalmente el 14 de enero de 2021.
Luego de ese derrotero que ha llevado décadas, hoy el sistema de salud público en gran medida viene garantizando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo(IVE) o las interrupciones legales ( ILE) a través de dispositivos de acompañamientos interdisciplinarios que proporcionan un espacio de escucha, de consejería donde se brinda información, se saldan dudas para que las personas gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Lamentablemente, pese a los avances legales, culturales e institucionales aún encontramos prejuicios y barreras que obstaculizan el acceso a los servicios básicos de salud a las mujeres y cuerpos gestantes para la interrupción del embarazo y, por supuesto, para la atención posterior a dicha práctica. Como sabemos los derechos conseguidos no se ejercen automáticamente y requieren de su exigibilidad y defensa ciudadana permanente. En este sentido vemos con preocupación que en el actual contexto electoral se plantee la propuesta explícita por parte de algunos candidatos, de derogar esta Ley que garantiza derechos básicos de salud para las mujeres y cuerpos gestantes.
Todos los aspectos relacionados con el acceso a un aborto seguro y legal son la esencia del derecho fundamental de las mujeres y cuerpos gestantes a la igualdad, a la privacidad, a la salud física y mental, y son condiciones previas para el disfrute de otros derechos y libertades. Se ha demostrado que impedir su acceso no solamente no contribuye a reducir la cantidad de abortos, sino que además obliga a las personas gestantes a recurrir a abortos inseguros y, por lo tanto, poner en peligro su salud y su vida, como así también, en las situaciones que dan continuidad al embarazo, generan secuelas tanto psíquicas como orgánicas en los cuerpos gestantes que no deseaban/ podían procrear.
Este 28 de septiembre adherimos a la convocatoria de distintas organizaciones feministas, de salud e intersectoriales de Córdoba de manifestarnos en defensa de la Ley de 27.610 y su implementación así como la importancia de hacernos visibles como colectivo cuando se pretende borrar de un plumazo o poner en riesgo nuestros recorridos, luchas y conquistas.
