Nota al Ministro de Salud y al Secretario de Salud mental de la Provincia de Córdoba

Compartimos la nota enviada al Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Dr. Francisco Fortuna y al Secretario de Salud Mental, Dr. Néstor Emilio Filipponi, expresando la preocupación por distintos hechos que vienen sucediendo en el sector público de salud mental. 

La Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba profundamente comprometida con la plena implementación de los nuevos marcos normativos en salud mental, expresa su preocupación por distintos hechos que se están produciendo en el sector público de la salud mental:

-El anuncio de un nuevo edificio para el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba: esta iniciativa  no se ajusta a las leyes de salud mental (ley nacional 26657 y ley provincial 9848). La ley 26.657 establece que las instituciones de internación monovalentes ya existentes deben sustituirse definitivamente por dispositivos alternativos. En su Decreto Reglamentario (603/13), dice que “la autoridad de aplicación en conjunto con los responsables de las jurisdicciones, en particular de aquellas que tengan en su territorio dispositivos monovalentes, deberán desarrollar para cada uno de ellos proyectos de adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios con plazos y metas establecidas. La sustitución definitiva deberá cumplir el plazo del año 2020.

En este marco, y como otra de sus aristas, las normativas señaladas prohíben la apertura de nuevos manicomios (arts 27 ley 26.657 y 37 ley 9.848). La inversión que se proyecta destinar a un nuevo edificio para el hospital monovalente, debiera destinarse entonces, a la sustitución y transformación de la institución conforme a los parámetros y criterios avalados por el nuevo marco normativo

Se trata de la aplicación del paradigma de derechos humanos en la atención en salud mental que implica no aislar, no segregar y no excluir, y, en cambio, atender a las personas con padecimientos mentales en hospitales polivalentes, desarrollar dispositivos comunitarios y abordajes interdisciplinarios. La inversión en  salud mental no debe confundirse con apuntalamiento del sistema manicomial.

Por ello, si bien la inversión pública para el sector salud y en especial en salud mental es un hecho que valoramos, dicho aporte debe tender a generar condiciones de vida dignas para los usuarios/as de salud mental que no pueden ser desarrolladas en las instituciones monovalentes.

En este sentido, el pasaje de un modelo manicomial a un modelo que priorice la atención del padecimiento subjetivo en la comunidad, debe asentarse en una fuerte inversión que permita crear los dispositivos y las alternativas de atención que no sólo no restrinjan la autonomía de los/as usuarios/as de salud mental, sino que favorezcan la creación de lazos sociales.

-Situación del Hospital Emilio Vidal Abal: en reiteradas oportunidades distintos actores del campo de la salud mental vienen denunciando el deterioro de las instalaciones edilicias;  los recursos humanos y materiales insuficientes y precarizados y la vulneración de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental que se producen por la deficiente vigilancia de los mecanismos de control y monitoreo en estos establecimientos. A esto se le suma el autoritarismo de la Dra. Banggini, directora de la institución, que tiene conductas de persecución hacia los trabajadores y que ha impedido la entrada a los gremios.  Las autoridades han desoído estos reclamos y no se ha avanzado en los cambios necesarios y urgentes.

Además, se ha anunciado la construcción de un Complejo Penitenciario Federal en predios de este Hospital, sin que los trabajadores cuenten con la información suficiente ni se han establecido mecanismos de participación para que los involucrados puedan opinar sobre esta iniciativa. Consideramos que la construcción de esta cárcel acentúa la estigmatización y la exclusión y no avanza en la transformación del manicomio.

-Anuncio del Plan Provincial de Prevención y Asistencia de Adicciones: Los consumos problemáticos son síntomas de trastornos que necesitan diversas instancias de tratamiento interdisciplinario. Es necesario considerar a las adicciones como parte de la salud mental respetando los derechos y la singularidad de cada individuo. “Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.” (Artículo 4º de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657). Por lo tanto, consideramos necesario una política pública integral e integrada en salud mental y no la promoción de iniciativas que sólo contribuyen a fragmentar su atención.

La decisión de la Secretaría de Salud Mental de realizar internaciones de personas con padecimiento psíquico en hospitales generales: se considera esta medida como un avance importante en la dirección de dar cumplimiento a las leyes de salud mental que así lo establecen. Sin embargo, dichas internaciones deben realizarse en el marco de una adecuación de los servicios que incluye capacitación específica, nuevos profesionales que refuercen las tareas que ya se desarrollan, remodelación de las instalaciones y una aceitada red de referencia y contrarreferencia entre los servicios de salud mental. Sin estas garantías, las internaciones se realizan en condiciones muy precarias que impiden una atención de calidad.

-Escasez de dispositivos de salud mental en los territorios, con equipos interdisciplinarios que permitan el ejercicio pleno del derecho a una inclusión comunitaria.

-Insuficiente oferta de atención de niñas, niños y adolescentes, tanto en la comunidad como en hospitales generales.

-Situación en los municipios del interior: escacez de recursos humanos profesionales en relación a la extensión y complejidad de las problemáticas de salud mental de las comunidades,  gran nivel de precarización en la contratación de profesionales, la mayor proporción se desempeña como becario o monotributista en relación de dependencia encubierta. Borramiento del Estado provincial en su responsabilidad de financiar y asegurar las prestaciones de salud mental en este nivel.

-Insuficiencia de recursos humanos en todos los niveles de atención: hospitales generales que no cuentan con profesionales para realizar guardias que garanticen la atención para internaciones breves, precarización laboral de los profesionales (becarios de larga data, monotributistas, etc.) especialmente en el primer nivel de atención y en los municipios del interior provincial, exigencia de cubrir nuevas funciones a los mismos profesionales sin reconocimiento de la remuneración pertinente, ausencia de concursos para ingresar al Estado, reconversión de cargos de salud liberados por jubilaciones que son llevados a otros sectores del Estado Provincial, baja remuneración  etc.

En síntesis, Córdoba aún mantiene grandes hospitales psiquiátricos donde las personas permanecen por muchos años. En países con buenos servicios de salud mental el cierre de los grandes hospitales fue precedido y acompañado por la provisión de buenos servicios comunitarios y de atención domiciliaria. Las leyes  de Salud Mental sancionadas amplían derechos pero pierden su sentido si los grandes hospitales no son cerrados y los pacientes no son atendidos  en la comunidad con una adecuada cobertura presupuestaria en tratamientos, dispositivos sustitutivos y atención domiciliaria.

Por todo lo anterior, instamos a las autoridades a avanzar en su plena implementación  y a convocar a los actores del campo de la salud mental, a aportar y participar en la formulación de políticas públicas de salud mental acordes con los estándares más altos en derechos humanos.