Ante la muerte de un joven privado de libertad en el Complejo Esperanza.

Ante la muerte de un joven privado de libertad en el Complejo Esperanza.

Comunicado del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba

El CPPC expresa su profundo dolor e indignación por la muerte de otro joven en el Complejo Esperanza. Vaya nuestra solidaridad con su familia y amigos.
Desde la gestión iniciada en febrero del 2013, trabajamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil en la ampliación de derechos, integrando principalmente dos espacios que trabajan en este sentido como son la Mesa de Salud Mental y DDHH, y la Mesa Ampliada del Observatorio de DDHH de la UNC. En este sentido como Colegio exigimos la investigación y esclarecimiento de esta muerte que se suma a otras de jóvenes que han sido privados de su libertad o en diferentes operativos a cargo de la Policía provincial. Así uno de los poderes del Estado que en primera instancia decide sobre la libertad de un joven, como es el Poder Judicial, debe responder sobre las condiciones de esta privación de libertad, de lo cual también es responsable el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Niñez y Familia (SENAF) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, instancia de la cual dependen estos institutos agrupados en el Complejo Esperanza. Institutos que por cierto desde su remodelación y creación de los nuevos, suman incontables denuncias sobre las condiciones de detención pero también de violaciones a los derechos humanos de jóvenes alojados allí.
Como psicologxs sabemos que las muertes sucedidas en una institución de encierro y privación de libertad, aunque se diga lo contrario, no es exclusiva responsabilidad del joven que tomó supuestamente la decisión de quitarse la vida; es responsabilidad de aquellos dos poderes salvaguardar la integridad psico-física de cualquier joven alojado en estas instituciones. Sea por acción, omisión o instigación el Estado es responsable primario de la situación de alojamiento de los jóvenes en conflicto con las leyes sociales.
Recordemos que la Ley 26061 se promulgó en el 2005 y que Córdoba aun hoy, no ha logrado adaptarse a los estándares –nacionales e internacionales- que por otro lado dice defender respecto de la situación de jóvenes menores de 18 años acusados y privados de libertad por hechos delictuosos.
Exigimos el pronto esclarecimiento de esta muerte, pero también demandamos a los poderes Ejecutivo y Judicial articular las acciones necesarias para que la privación de libertad no sea la razón primaria y la respuesta única ante las inconductas de los jóvenes, y si fuere necesaria la privación de libertad, para que las condiciones de detención sean en resguardo de sus derechos y dignidad.
Exigimos también el cese de detenciones arbitrarias y procedimientos policiales violatorios de derechos de niñas niños y jóvenes.

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